Si en los movimientos urbanos la radicalización ideológica es fundamental, en los movimientos armados rurales no necesariamente hay un proceso de formación ideológica, pues la mayor parte de sus contingentes suelen tener un nivel muy bajo o incluso inexistente de escolaridad. En los movimientos rurales debemos prestar atención a un proceso de radicalización o polarización distinto: el que nace de las circunstancias sociales, agrarias o políticas prevalecientes en la zona o región del alzamiento. De la tensión extrema de estas circunstancias irán surgiendo los movimientos armados rurales. A tales condiciones regionales extremas se les puede llamar, ciertamente, antecedentes de los movimientos armados.

Por otra parte, y hablando aún en términos generales, las guerrillas urbanas y las guerrillas rurales no suponen por necesidad las mismas condiciones sociales de incubación ni de sostenimiento. Por la naturaleza de su génesis, la urbana podría suponer cauces suprarregionales (incluso internacionalistas) y una movilidad mayor de sus células activas. Por su distinto origen, la guerrilla rural suele ser regional y de movilización lenta, puesto que se propone resolver o combatir conflictos propios de una región y no fuera de ella. Por esto, cuando nos referimos a los procesos de agravamiento de ciertas circunstancias sociales como antecedentes regionales de un movimiento armado, podríamos en el fondo señalarlos como posibles soluciones sociales o políticas del movimiento. Estos antecedentes regionales pueden considerarse, pues, como una de las facetas del alzamiento rural.

No suele verse con claridad la naturaleza regional de la guerrilla y a menudo se le reconoce como una dimensión ambivalente. Por un lado, surge el temor de que la guerrilla avance y se extienda; por otro, la versión oficial insistirá en que se trata de un conflicto que afecta a un reducido territorio municipal. En el primer caso, se confunde la naturaleza de la guerrilla rural con la de un ejército insurgente regular capaz de avanzar en posiciones de combate y en captura de plazas. No es así, no. La guerrilla rural no se extiende, no puede salir de su región. Puede crecer en su región misma, ampliar su fuerza en la región misma. También puede unirse a otros movimientos armados regionales y lograr así, en cierto sentido, un crecimiento. Pero tal crecimiento no logrará, en principio, extenderlo fuera de las regiones iniciales de las bases con que se coordine ni podrá caracterizarse como un avance territorial de un ejército regular insurgente. Suponer que los movimientos guerrilleros rurales pueden irse expandiendo a lo largo de un país como una especie de incendio que se propaga o pudiera propagarse sin control, sólo es posible por el desconocimiento de su naturaleza regional.

Un movimiento armado rural tiene su razón de ser en las circunstancias de la región en que nace, independientemente de que una parte de su núcleo armado pudiera provenir de otra zona, otra ciudad o incluso otro país. La aceptación de las comunidades para encubrir los núcleos armados expresa su naturaleza regional. Una guerrilla rural no puede reproducirse en otras zonas en cuanto movimiento inicial. Podría coordinarse con grupos armados de otras regiones y sólo de esta manera convertirse en un movimiento distinto, aunque aun así, arraigado a las regiones a que cada grupo pertenezca. Por otra parte, las expectativas de expansión territorial están latentes en distintas etapas de los movimientos armados rurales, pero sólo se tornan posibles dentro de la misma zona y cuando se supera la estrategia militar que se propone contenerlos y sofocarlos. En otras palabras: las medidas militares de contrainsurgencia se pueden proponer limitar la expansión de los núcleos armados y de sus bases sociales dentro de su región, pero no su reproducción en diferentes regiones, puesto que eso no ocurre.

Ejemplifiquémoslo con algunos alzamientos mexicanos. En 1974, la guerrilla de Lucio Cabañas se había extendido ya en muchas zonas de la sierra de Atoyac y de la Costa Grande; ese año intentó en vano penetrar (y así salvarse) en la sierra de Tecpan. El EZLN apareció como una fuerza fundamentalmente posicionada en Las Cañadas, con bases sociales no armadas pero susceptibles de ir facilitando progresivamente la expansión del movimiento por otras regiones como Los Altos y el Norte de Chiapas. Debemos entender que varias medidas militares han frenado la posibilidad de esa expansión. Los tempranos conflictos de 1995 y 1996 en Sabanilla, Salto de Agua, Tila, Tumbalá y Chilón, pongamos por caso, y más tarde, en 1997 y 1998, en Los Altos, han sido, finalmente, un proceso complejo de polarización social para frenar y obstaculizar esa posible expansión del zapatismo. En el caso del EPR podemos colegir, por las regiones donde aparecieron sus cuadros básicos, que se integra como una coordinación de movimientos armados regionales y que su presencia en varios estados del sur no significa, por tanto, el avance territorial de un movimiento armado que es más amplio, sino que permanece arraigado, contenido, en las regiones iniciales de sus alzamientos.

La aparente limitación territorial de los movimientos armados rurales induce a adoptar como opción más efectiva para frenarlos la represión militar y policiaca, sin prestar atención a las circunstancias sociales de que se fueron nutriendo. Las autoridades gubernamentales se proponen primero, pues, acorralar y reducir las condiciones de movilidad y comunicación de los núcleos armados. La aparente facilidad de su localización y el alto grado de control que se puede tener sobre ellos mediante un cerco militar que cada vez se cierre más en torno de los territorios por los que esos núcleos se desplazan y obtienen víveres, equipo, municiones o información, se convierte de manera natural en el único y primer objetivo visualizable en las operaciones contrainsurgentes. En otras palabras, las medidas gubernamentales a menudo confunden la limitación propiamente regional de los núcleos armados con la inexistencia de los procesos de polarización social de la zona. Puesto que la guerrilla rural no sale de su territorio, puede pensarse que ahí se le sofocará tarde o temprano.

Esto conduce a graves errores, particularmente para otra relevante dimensión de estos conflictos: la recurrencia de las guerrillas rurales.

La dinámica social no siempre asegura cambios a fondo en las zonas campesinas de países como el nuestro, sobre todo si la población predominante en ellas es indígena. Circunstancias de pobreza extrema, discriminación, aislamiento, explotación, despojos y una muy escasa o nula procuración de justicia suelen volver a confluir y a polarizarse una y otra vez en ciclos de pocos o muchos años en las mismas regiones. Las medidas militares en estos casos suelen ser recurrentes también, lo que se convierte en un poderoso indicador de su ineficacia como solución social verdadera a mediano y a largo plazos.

La recurrencia de los movimientos armados en zonas rurales debe entenderse de manera distinta a la de la guerrilla urbana. Es posible distinguir varios elementos concomitantes en el caso de la recurrencia de la guerrilla rural en regiones específicas: lazos complejos y firmes de parentesco a través de poblaciones numerosas en selvas, montañas o costas; lazos también profundos de idioma, cultura o religión en el caso de comunidades indígenas; lazos naturales que la producción económica ejidal o comunal puede establecer en las comunidades de que emanen los grupos armados; lazos profundos entre las élites que ejerzan la hegemonía económica o política en esas regiones.

La perspectiva oficial tiende a reducir el movimiento guerrillero a solamente el núcleo armado mismo y hace abstracción de estos otros elementos concomitantes que en la zona de conflicto representan los lazos sociales, culturales y políticos. Pero reducir la causalidad de la guerrilla rural a un grupo armado específico es insuficiente ante la recurrencia misma de los movimientos ar-mados rurales. El EZLN en Chiapas y el EPR en cuatro o cinco estados de la república son una muestra de la reaparición y supervivencia de cuadros guerrilleros rurales y urbanos que nacieron y actuaron varias décadas atrás. Ambas organizaciones recalcan además su doble naturaleza: la política y la militar. El EZLN es el brazo armado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) y el EPR el brazo armado del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR). Las bases sociales y políticas no equivalen a los núcleos armados ni tienen un mismo origen. Sí, parte de la estructura militar del EZLN proviene de una guerrilla urbana surgida en estados del norte del país a principios de la década de los setentas. Sí, parte de la estructura militar del EPR proviene de cuadros guerrilleros rurales y urbanos que han permanecido activos desde 1971 en varios estados del sur del país. Pero el EZLN y el EPR son, con sus bases políticas y sociales, una demostración contundente no sólo de la recurrencia de los movimientos guerrilleros en México, sino de la ineficacia, insisto, de las medidas militares y policiacas que el gobierno mexicano decidió tomar como única opción en los años setentas.

En otras palabras, para entender con mayor objetividad la génesis y las soluciones posibles de un movimiento armado rural, debe aceptarse que en él concurren al menos dos dinámicas diferentes: la dinámica social de polarización que se desarrolla y se expresa en circunstancias específicas regionales, y la dinámica militar que se desarrolla y se expresa en la conformación de la estrategia y los núcleos armados de la guerrilla. De la claridad o confusión con que se entienda un planteamiento así, se derivarán múltiples acciones para solucionar o agravar un conflicto como el de Chiapas.

II

La primera posibilidad de entender mal este planteamiento sería considerar desvinculados el núcleo armado de la guerrilla y las condiciones sociales en que se sostiene. Una segunda posibilidad riesgosa sería considerar que el vínculo entre las condiciones sociales y los núcleos guerrilleros es mecánico o sólo casual y que no hay, por tanto, una integración profunda entre la guerrilla y sus circunstancias regionales. En ambas interpretaciones, la decisión gubernamental podría inclinarse fácilmente por una acción policiaca o militar que sofocara al núcleo armado sin modificar las circunstancias sociales de la región. Es decir, "el restablecimiento del orden" no implicaría modificar las condiciones sociales que quizás alteren más profundamente el orden social por la injusticia y desigualdad económica, política o cultural que ellas mismas entrañen.

Una tercera forma de interpretar el planteamiento sería reconocer que hay, en efecto, un vínculo entre los núcleos armados y las condiciones sociales en que se incuban y sostienen. Con esta interpretación estaríamos en posibilidad de considerar a la guerrilla como un proceso social complejo y no como un fugaz caso de delincuencia. Pero la interpretación no es simple, ciertamente, pues requiere que reconozcamos las facetas de cada una de las dinámicas y agregar la función del vínculo mismo. Es decir, la naturaleza del vínculo entre el movimiento armado rural y las condiciones sociales de polarización regional se convierte ahora en un elemento primordial y quizás decisivo. De la forma en que definamos este vínculo dependerá que el planteamiento nos conduzca hacia una nueva vía para comprender y solucionar estos procesos o que nos regrese a una visión reduccionista que reafirme, con peligrosos matices, opciones solamente policiacas y militares.

Reconocer la dinámica social como uno de los componentes de los movimientos armados rurales obliga, en principio, a programas gubernamentales de desarrollo que solucionen o atenúen carencias sociales de la zona. En ocasiones un reconocimiento así conducirá a reformas municipales, agrarias, educativas o electorales. Pero las características del campo mexicano impedirán que la gama de posibilidades de cambio en una región de conflicto sea amplia: tarde o temprano, tendrá que reconocerse como prioritario el desarrollo efectivo, provisional o duradero, en áreas agropecuarias o forestales, de salud y de educación. La atención presupuestal se torna así indispensable y también los criterios de operación. Un derrame presupuestal modesto o abundante exige al menos aclarar dos principales puntos: primero, las regiones a beneficiar; segundo, los grupos, organizaciones o dirigentes que recibirán y administrarán oficialmente los fondos.

Un gobierno puede reconocer, pues, que se deben modificar o aliviar algunas circunstancias críticas del deterioro social de una región. Pero puede proponérselo para evitar cualquier surgimiento de movimientos armados en ese instante y en el futuro, o aplicar los programas de cambio y desarrollo social para eliminar a un movimiento armado específico. No es lo mismo aplicar proyectos de desarrollo pensando en un cambio social a profundidad y a mediano y a largo plazos, que aplicarlos para doblegar de inmediato a un solo y concreto grupo armado.

La dinámica social podría atenderse regionalmente, por ello, con programas efectivos de desarrollo de dos distintas maneras: una, desplegando o incluso enfrentando los programas de desarrollo a los movimientos armados; otra, aplicándolos paralelamente a una negociación política. En el primer caso, los proyectos de desarrollo se aplicarían como parte de una estrategia de combate y aun de exterminio de los núcleos armados y sus bases sociales. En el otro, se aplicarían como parte de una acción coordinada de negociación política. Una cosa sería la paz alcanzada por la negociación y el cambio social. Otra cosa sería la paz alcanzada mediante el exterminio de las bases sociales y los núcleos armados. En este caso, de acuerdo con la experiencia mexicana, podríamos afirmar que se estarían sentando de nuevo las condiciones para la recurrencia de la guerrilla. Es aquí donde el conflicto de Chiapas requiere de un nuevo replanteamiento, amplio y sereno.

III

La aplicación de proyectos de desarrollo regional como parte de una estrategia de combate adolece de limitaciones en muchos aspectos. La principal es que no se aplican ni se sostienen por el desarrollo social mismo, sino en función del sofocamiento de los núcleos armados y de sus bases sociales. Ningún proyecto de infraestructura económica, agraria, forestal, de salud, de comunicaciones, será efectivo a largo plazo si nace como estrategia de guerra.

El planteamiento que expongo responde a ciertas señales que el gobierno mexicano comenzó a emitir con mucha claridad y peligro desde mediados del año 1997, cuando el discurso presidencial afirmaba que en Chiapas se habían superado ya las condiciones sociales en que había surgido el EZLN. Poco tiempo después, en el mes de julio de 1997, se dio a conocer, con cierta reserva oficial, la Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 1996 (ENAL 1996). La encuesta señaló a Guerrero como el estado con peores condiciones de vivienda, seguido de Veracruz, Oaxaca, Puebla y Chiapas. Señaló como los estados con la menor capacidad de gasto en alimentación, con menos de tres pesos diarios por persona, a Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Puebla. Indicó que en el estado de Guerrero 53% de los jefes de familia y 55% de las cónyuges jamás asistieron a la escuela y que en Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz ésta era la condición de escolaridad de más de 40% de los padres y madres de familia. Informó que en la Huasteca, en la Sierra Norte de Puebla, en la Mixteca, en Tehuantepec y en el sur de Chiapas se presentaban niveles de entre 55 y 62% de desnutrición; que en Guerrero, Michoacán, Tlaxcala y el sur de Puebla la prevalencia de desnutrición era superior a 55% y que ahí se incrementaron de 16 a 25% las formas que la encuesta llama moderadas y severas. Que en las comunidades no indígenas la prevalencia de desnutrición en la población menor de 5 años era de 38.5%, en las comunidades con presencia indígena era de 45.2% y que se elevaba hasta 58.3% en las comunidades indígenas. Que de acuerdo con uno de los indicadores, la desnutrición afectaba a 50.9% de los niños de las comunidades no indígenas, a 59.5% en las comunidades con presencia indígena y a 73.6% de los niños de las comunidades indígenas.

Cuando se difundió la encuesta, comenté que llamaba la atención que en los estados más violentados por la desnutrición como Guerrero, Oaxaca y Chiapas los movimientos armados rurales estuvieran presentes y que la ocupación militar aumentara. ¿Había un vínculo estructural entre la guerrilla rural y las condiciones extremas de pobreza?

¿El Ejército debía convertirse en el único indicador oficial de proyectos concretos a corto y a largo plazos?

Cuando apareció el EPR en el vado de Aguas Blancas señalé que la sierra de Guerrero, desde la llamada Sierra de Atoyac hasta la que se conoce como Sierra de Tecpan, era una de las regiones con más tradición de lucha en México durante siglos. Referí que en los años setentas dos movimientos campesinos se abrieron paso ahí de manera cada vez más radical hasta convertirse en luchas guerrilleras que mantuvieron al estado prácticamente bajo ocupación militar durante diez años: la lucha encabezada por Genaro Vázquez Rojas y la encabezada por Lucio Cabañas. Fueron movimientos que se iniciaron primero con movilizaciones de copreros y de campesinos en defensa de sus productos, predios, aserraderos o comercialización de productos, pero que al momento de su formación sufrieron siempre la represión inmediata: a veces carcelaria, a veces sangrienta. En la estrategia de combate contra estas guerrillas rurales se recurrió también, como ahora en Chiapas, a la aplicación de diversos proyectos de desarrollo regional. Con la ocupación militar aparecieron créditos a la producción, alimentos, apoyos a la comercialización de productos, carreteras, caminos de terracería, teléfonos, electricidad. Pero formaban parte de una estrategia de combate y se proponían un objetivo: la desaparición, el exterminio de los movimientos armados. Cuando ese objetivo se alcanzó, los programas de desarrollo desaparecieron.

Asombra que después de las medidas militares no siguieran otro tipo de medidas económicas, educativas, de infraestructura carretera o de salud ¿Por qué se decidió no transformar a Guerrero? ¿Por qué no se impulsó el progreso social y económico de la sierra? ¿Por qué no ver a la guerrilla como la fase armada y final de una violencia social previa? No bastó con aniquilar los núcleos armados de la guerrilla para que desaparecieran las necesidades sociales y políticas de cambio en la región donde fueron sofocados. El surgimiento del EPR veinte años más tarde es un indicador de que algo falló en esa estrategia de combate. Podemos adelantar ahora, paralelamente, que tampoco la desaparición del EZLN asegurará el desarrollo social de las zonas indígenas de Chiapas ni cancelará en un futuro próximo el resurgimiento de otros movimientos armados en la región.

IV

La dinámica de la guerrilla en México es muy compleja y cambiante, porque tanto comunidades como militares han recurrido a ella. Vicente Guerrero luchó así durante la guerra de Independencia. Juan Álvarez y Profirio Díaz alcanzaron estaturas heroicas como guerrilleros durante la ocupación francesa. Desde el siglo XVII hasta entrado el siglo XX se designó a las guerrillas indígenas como sublevaciones y revueltas. En algunos casos las guerrillas rurales recibieron otro nombre: en Yucatán se habló de la Guerra de Castas; en Sonora, de la Guerra del Yaqui; en el Bajío, de la Rebelión Cristera. Algunos núcleos armados del EZLN en Chiapas y del EPR en estados del sur se explican, sólo en parte, por los movimientos guerrilleros aparecidos en México después de la Revolución Cubana.

He dicho ya reiteradamente que México ha vivido en estado de guerra de manera casi ininterrumpida al menos desde el amanecer del 23 de septiembre de 1965, cuando un grupo de jóvenes guerrilleros quiso tomar por asalto el cuartel militar de Ciudad Madera, población de la sierra de Chihuahua situada en los límites de la frontera con el estado de Sonora. Señalo esa fecha por la continuidad de las luchas armadas que vivió el país entero durante los siguientes casi treinta años, aunque en la década de los cincuentas el estado de Morelos fue escenario de otro importante movimiento guerrillero encabezado por Rubén Jaramillo, movimiento también de raigambre zapatista y de bases campesinas e indígenas. Este guerrillero depuso las armas, fue amnistiado y poco después asesinado arteramente por un grupo de soldados en los alrededores de Xochicalco. El asesinato de Rubén Jaramillo fue uno de los acontecimientos que más recordarían los grupos armados de origen campesino e indígena y su nombre aparecería ligado en décadas posteriores a varios movimientos de importancia, fundamentalmente en el estado de Morelos, aunque relacionados en distintos momentos con grupos como el Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo (PROCUP) y el Partido de los Pobres (PDLP) de Lucio Cabañas, antecedentes fundamentales del actual EPR.

A partir del asalto en 1965 al cuartel militar de Ciudad Madera se inició en diversas zonas de México una lucha de numerosos grupos guerrilleros que alcanzó su fase más intensa durante los años de 1971 a 1977. Estos movimientos no desaparecieron del todo durante la década de los ochenta, puesto que varias de esas agrupaciones intervinieron activamente en las zonas de las cañadas de Chiapas y su trabajo de organización fortaleció las bases que posteriormente serían del EZLN.

No es posible, sin embargo, señalar una línea divisoria clara entre los grupos propiamente armados y las organizaciones populares activas, cambiantes y complejas que enarbolaron reivindicaciones agrarias, magisteriales o sindicales. La insurrección armada de Rubén Jaramillo fue resultado de la radicalización de la lucha cañera en Morelos; los guerrilleros de 1965 en la sierra de Chihuahua fueron resultado de la radicalización de cierto grupo de un mucho más vasto y complejo movimiento campesino que desde 1959 comenzó a manifestarse, cohesionarse y extenderse por varias zonas de los estados de Sonora, Chihuahua y Durango, algunos de cuyos líderes y organizaciones se mantienen activos en nuestros días; los movimientos guerrilleros de Genaro Vásquez Rojas y de Lucio Cabañas fueron resultado de la radicalización provocada por la represión del gobierno del estado de Guerrero y las fuerzas caciquiles que asfixiaban demandas agrarias de la Costa Grande guerrerense y de la sierra de Atoyac. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta que organizaciones armadas como las que acabo de enlistar han formado parte o se han radicalizado al paso de movimientos sólo u originalmente populares.

Debo repetir que la dinámica de los dos principales tipos de movimientos armados es sustancialmente distinta: los urbanos se nutren de cuadros con una sólida formación ideológica que a menudo acentúa entre ellos las diferencias de estrategia y de concepción política, impidiendo la formación de un frente nacional que aglutine todas sus fuerzas. Por el contrario, en el medio rural los lazos familiares actúan como un poderoso factor de cohesión que suple la impreparación ideológica. Los cuadros urbanos actúan a través de células dotadas con un movimiento independiente y clandestino; los cuadros rurales actúan en función de lazos de parentesco, agrarios o culturales predominantes en la región, sobre todo si hablamos de zonas indígenas.

Conocemos a grandes rasgos algunas de las numerosas fuerzas que han surgido durante los últimos treinta años, pero seguimos careciendo de la información suficiente para entender a profundidad y con nitidez la conformación de los movimientos guerrilleros de México desde 1965 hasta la fecha. El conflicto de Chiapas no puede verse ni entenderse al margen de este complejo proceso armado. Diversos grupos guerrilleros y también legales realizaron trabajo político en ciertas zonas de Chiapas durante casi catorce años ininterrumpidos, al final de los cuales se establecieron los contingentes que formaron el EZLN.

Algunas de las organizaciones armadas que contaron con bases en diversas regiones del país fueron las siguientes: Mo-vimiento Revolucionario del Pueblo, Partido de los Pobres, Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, Comando Urbano Lacandones "Patria Nueva", Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP), Frente Urbano Zapatista, Unión Campesina Independiente, Movimiento 23 de Septiembre, Liga Comunista 23 de Septiembre, Liga Comunista Espartaco, Frente Revolucionario del Pueblo, Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo y Fuerzas Armadas de Liberación. Éstas y una docena más de organizaciones armadas contribuyeron a conformar un panorama militar y político de México que aún ahora es desconocido y que al parecer no saldrá a la superficie del conocimiento histórico o periodístico en fechas próximas.

El general Mario Acosta Chaparro publicó en enero de 1990 el informe Movimientos subversivos en México, con listados, gráficas y análisis sucintos de la guerrilla mexicana durante algo más de tres décadas. El general observa en la introducción que:

Hasta el año de 1981, los cuerpos de seguridad e investigación, encargados de mantener un control sobre los factores subversivos en el país, desempeñaron una labor de neutralización efectiva, cuyos frutos fueron notorios y dignos de admiración, ya que prácticamente fueron exterminados los focos de insurrección que representaron un serio problema durante los años 1973 a 1977. En 1978, los principales dirigentes exiliados en Cuba iniciaron pláticas sobre el tema de unificación orgánica que en México nunca pudo efectuarse debido a la intransigencia de sus representantes...

Esta ausencia de coordinación nacional fue notoria, efectivamente, en los movimientos armados de México, y su posibilidad preocupó siempre a los servicios de inteligencia. El general Acosta Chaparro lo advirtió así:

El común denominador de la disidencia había sido el afán competitivo de los diversos dirigentes de la misma por trascender el ámbito político como los únicos poseedores de la verdad doctrinaria. Esto explica la fragmentación de la izquierda y, consecuentemente, la falta de arraigo de ésta entre la población.

Desde el momento mismo en que apareció el EZLN los nombres de varias organizaciones armadas vinieron a colación. Entre ellas, el del Partido de los Pobres y el del PROCUP, particularmente por los sabotajes de los días 8 y 9 de enero de 1994. El general Acosta Chaparro apuntó en su libro lo siguiente:

En lo que respecta al PROCUP, se puede decir que es, quizás, la organización más peligrosa en México, sobre todo por el tipo de actividades que lleva a cabo en la clandestinidad, así como por la línea violenta que lo caracteriza con el manejo de explosivos. Sus antecedentes así lo manifiestan: actos de terrorismo y sabotaje contra instalaciones militares, así como de oficinas y dependencias de los gobiernos estatales y federal, incluyendo también a empresas particulares en varios estados del país. Son ocho años que no se tiene información fidedigna de los miembros componentes de esta organización ni de sus actividades. No obstante lo anterior, se conoció que el PROCUP auxilió al Partido de los Pobres (PDLP) a reorganizarse y lo ayudó económica y políticamente para reubicar sus cuadros de operación en el estado de Guerrero.

Este tipo de acción lo relacionó con las demás organizaciones que sentaron sus bases de operación en el estado de Guerrero, para de ahí llevar acciones a todo el país, tales como la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y la Asamblea Nacional Obrera, Campesina y Popular (ANOCP), así como sus brazos armados clandestinos Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP), respectivamente.

El PROCUP actúa en todo el país como organización clandestina y a últimas fechas ha hecho circular folletos en centros de estudios dando a conocer sus propósitos de actuar bajo la tendencia denominada GPP (Guerra Popular Prolongada).

En "Cronología y análisis de los sucesos en Chiapas y a nivel nacional" del libro Lucio Cabañas 20 años después, coordinado por Felipe Edgardo Canseco, los integrantes del PROCUP mismo describieron de la siguiente manera sus operativos de los días 8 y 9 de enero de 1994:

El Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) y el Partido de los Pobres (PDLP) realizan acciones de hostigamiento político militar en solidaridad con el EZLN y en demanda de que cesen los bombardeos en Chiapas y se respete a los prisioneros de guerra. Colocan un vehículo con explosivos en el estacionamiento de un importante centro comercial, lanzan proyectiles tierra-tierra contra instalaciones del Campo Militar N°1 de la ciudad de México, hacen detonar explosivos en el palacio municipal de Acapulco, Guerrero, asimismo dañan torres de conducción de energía eléctrica en Cuautitlán y Texcoco, Estado de México, y realizan un sabotaje contra el oleoducto de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Tula, Hidalgo... En el estado de Guerrero, policías y militares peinan varias regiones de la Costa y la Montaña, ante la eventual aparición de grupos insurgentes del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) y del Partido de los Pobres (PDLP).

En febrero de 1995 el gobierno mexicano difundió la noticia de que el EZLN era una derivación de un grupo guerrillero anterior llamado Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), surgido años atrás en el norte del país. Las FLN eran ya conocidas por inteligencia militar: se formaron el 6 de agosto de 1969 y sus principales dirigentes eran Flavio César Yáñez Muñoz, alias "El hermano Pedro" o "Manuel", y Alfredo Zárate Mota, alias "Salvador" o "Santiago". En Movimientos subversivos en México el general Mario Acosta Chaparro escribió lo siguiente sobre ellos:

El día 20 de julio de 1971 tienen un enfrentamiento a tiros con elementos de la Policía Judicial, cuando estableció una vigilancia en Vista Ocaso, en la colonia Lindavista de Monterrey, habiendo resultado herido un elemento de la policía judicial; se decomisaron en el interior del inmueble vehículos, armamento y documentación. Tenían establecidas sus zonas de operaciones en los estados de Veracruz, Puebla, Tabasco, Nuevo León y Chiapas.

El 14 de febrero de 1974, en una granja ubicada en Nepantla, estado de México, resultaron muertos en un enfrentamiento con la policía algunos miembros de esta organización, entre los cuales se pudieron identificar a Mario Sánchez Acosta "Manolo", Alfredo Zárate Mota "Santiago" o "Salvador", uno al cual únicamente se le conoció con el seudónimo de "Gabriel", Deny Prieto Stock "Ma. Luisa" y Carmen Ponce Custodio "Sol" o "Carmita".

Sin embargo, por distintas razones, tanto el ejército como el obispado de San Cristóbal de las Casas tenían una memoria particular de los grupos que en el pasado inmediato de Chiapas podrían explicar la aparición del EZLN. Parte de esos antecedentes, o mejor, de los grupos inmediatamente anteriores a la movilización que después se conocería como EZLN, se habían incorporado ya, de manera destacada, en el gobierno federal. A mediados de los años setenta ciertas brigadas de activistas políticos del norte del país se extendieron al estado de Chiapas a invitación del obispado de San Cristóbal de las Casas: los líderes fueron amigos cercanos a Carlos Salinas de Gortari y particularmente a su hermano Raúl. Tres instituciones fundamentales de México tenían, pues, antecedentes y fuentes de información propios sobre estas brigadas: el Ejército, la Iglesia y la Presidencia de la República.

Aunque nunca se expresó oficialmente, desde la aparición del EZLN privó al interior del Ejército una enorme desconfianza frente a la Iglesia. El análisis de la composición del EZLN en los primeros días de 1994, que en algunas entrevistas con periodistas expresó el Comandante de la Séptima Zona Militar de Chiapas, el general Miguel Ángel Godínez, fue, sin embargo, cuidadosa y clara:

Pienso que es un grupo de individuos preparados en cuestiones de guerra, bien entrenados y bien armados. Sin embargo, creo que el grupo con estas características es pequeño. Hay después otro grupo, al cual estas personas han tratado de arbitrear y llevado a lugares cercanos a las poblaciones o dentro de la selva para darles instrucción militar; este grupo es más numeroso que el primero y cuenta con armas, creo yo, de bajo calibre. Y hay otros grupos que realmente son los simpatizantes, los vecinos de las localidades alrededor de donde se encuentran estas personas y que en su mayoría no cuentan con armas directamente, aunque tienen simpatía por estos individuos.

El esquema del general Miguel Ángel Godínez sigue un ordenamiento estrictamente militar, muy útil para nuestro análisis. Se sustenta en la descripción de un núcleo armado principal y de otro subordinado. Entre ambos grupos y las comunidades simpatizantes no hay vínculo aparente de causalidad social. El núcleo con preparación militar y mejores armas constituye la explicación básica del alzamiento y se convierte, por tanto, en última instancia, en el enemigo a contener y vencer. Este núcleo principal, que puede ser incluso extraño a la región, domina a un segundo grupo, al que recluta, instruye y disciplina. Este segundo grupo con insuficiente instrucción militar y mal armado constituye el primer cordón de resguardo del núcleo principal. El segundo cordón de resguardo lo constituyen las comunidades que simpatizan con ellos. Esta simpatía no aparece explicada por circunstancias de polarización social de la región. Es una simpatía que podría explicarse de otras maneras: con la intervención, por ejemplo, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y la teología de la liberación. Así se desplaza la naturaleza social del vínculo de las comunidades de la región con la guerrilla a una estrategia catequística. Podemos deducir esto por múltiples señales. Veamos sólo una.

A finales del año de 1976 el obispo Samuel Ruiz viajó a la comarca lagunera para apoyar como mediador a la diócesis de Torreón. El gobernador de Coahuila había ordenado arrestar a algunas decenas de campesinos que en demanda de tierras habían bloqueado los accesos a San Pedro de las Colonias. Entre los detenidos se hallaba el sacerdote José Batarse, eje de la negociación que planteaba el gobernador: si dejaba la diócesis de Torreón, quedarían en libertad todos los detenidos. Para el gobernador era claro que el padre Batarse ejercía un gran ascendiente sobre un nutrido grupo de sacerdotes que participaban en ciertas brigadas de acción política de una organización llamada Línea Proletaria, derivada a su vez de otra más amplia, denominada Política Popular, que desde los inicios del movimiento estudiantil de 1968 había ido formando primero sus postulados de acción ideológica y luego brigadas activas en varias zonas de Durango, Sonora y Michoacán y en ciudades como Torreón, Monterrey y Monclova. Durante ese viaje de 1976, Samuel Ruiz tuvo contacto con los cuadros de Línea Proletaria y, a invitación suya, después de septiembre de 1977, los brigadistas comenzaron a trabajar en Chiapas, en la región de las Cañadas, al lado de la línea pastoral propia de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, con el fin de fortalecer la organización social y no sólo la catequística, de las comunidades.

En sus orígenes, Política Popular aglutinó a estudiantes de varias instituciones de enseñanza superior, particularmente de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional. Un grupo determinante en el futuro de la organización provino de la Escuela Nacional de Economía y de la Facultad de Ingeniería. Adolfo Orive, hijo de Adolfo Orive Alva, Secretario de Recursos Hidráulicos durante el gobierno de Miguel Alemán, fue la cabeza ideológica y financiera; cursó un posgrado en la Escuela Normal Superior de París y su ideología maoísta se estructuró a partir de la orientación de su asesor, Charles Bettelheim, y de sus investigaciones sobre la Revolución Popular Cultural China.

El sábado 17 de septiembre de 1977 Adolfo Orive se reunió en la vicaría de la diócesis de San Cristóbal con los sacerdotes que trabajaban con Samuel Ruiz; una semana después llegaron los primeros once brigadistas de Línea Proletaria a Chiapas. Pero en el transcurso del primer año, empero, la polarización entre los cuadros de Línea Proletaria y el obispado fue en aumento hasta la ruptura violenta. Samuel Ruiz expulsó prácticamente a las brigadas de Línea Proletaria. Empleo la palabra expulsión porque es la que más se aviene con el recuerdo que varios brigadistas tienen de esa ruptura y de su salida de Chiapas. No todos lo vieron como una discrepancia entre la línea pastoral y la organización política, pues a menudo los cuadros preparados por la línea pastoral eran los mismos que encabezaban las organizaciones sociales y agrarias en la demanda de tierras y de regularización de su tenencia.

Tengamos en mente que se prepararon, por la línea pastoral, a ocho mil catequistas y a cuatrocientos diáconos que actuaban en más de dos mil quinientas comunidades indígenas de la diócesis. Los diáconos o tuhumeles podían administrar ciertos sacramentos, particularmente el del matrimonio, y a menudo eran los líderes de las organizaciones campesinas. Los mismos cuadros de catequistas se convertían naturalmente en las bases de acción de Línea Proletaria, por lo que pronto la discrepancia empezó a mostrar su principal factor: el deslinde de autoridad en esos grandes e importantes cuadros de masas. La acción pastoral de la diócesis y la acción política de los brigadistas invitados convergieron durante algunos años en el fortalecimiento de organizaciones campesinas, de cuadros activos en comunidades y de ciertos métodos de acción rápida que el EZLN utilizaría después, como el de la construcción previa de estructuras de viviendas y su desplazamiento sigiloso para "edificar" súbitamente, de la noche a la mañana, un poblado o un campamento en terrenos disputados por las comunidades o las organizaciones agrarias.

La expulsión marcaría, en la memoria de quienes ya en ese momento eran amigos cercanos de Carlos Salinas de Gortari, el deslinde de poder como elemento básico de esa ruptura y el predominio indiscutible del obispo Samuel Ruiz. Una premisa natural para los ex brigadistas de Orive en Chiapas sería la de que el ingreso de los cuadros que se convirtieron en el EZLN estaría determinado sólo por la decisión del obispo.

Una interpretación así se avenía perfectamente con el esquema de interpretación militar planteado desde los primeros meses de 1994 por el general Miguel Ángel Godínez y revelaba, a otro nivel, un nuevo cordón de resguardo del núcleo armado principal, que vendría a convertirse, dentro del esquema militar, en el vínculo real, no social, sino político, de ese grupo armado.

El planteamiento militar desconoce la causalidad social y toma como única explicación del alzamiento al núcleo armado principal. Este núcleo recluta a muevos milicianos y se granjea la simpatía de las comunidades. Pero un núcleo armado que incursiona de esa manera en una región debe responder a intereses suprarregionales y contar con un apoyo político fuera de esos dos cordones visibles de resguardo. El razonamiento militar prosigue planteándose, entonces, la pregunta de quién o de dónde se sostiene ese grupo. Como no hay vinculación social, la respuesta debe conducir a otro grupo invisible. Ese posible grupo oculto sólo puede provenir de tres sitios: del gobierno, de la Iglesia o del narcotráfico. Ahora, después de cuatro años del alzamiento del EZLN, sabemos que la respuesta elegida en el análisis militar fue la Iglesia.

Así pues, para adentrarse hasta los linderos del núcleo armado principal, debía desarticularse primero el apoyo de ese grupo invisible. La desaparición de la Conai y la presión y neutralización de muchos cuadros de la diócesis de San Cristóbal de las Casas era un paso necesario en la lucha contra el alzamiento. Ese paso se ha dado.

El otro paso debía asegurar la desarticulación de los grupos o comunidades simpatizantes. Este paso se está dando también, de manera compleja y desgarradora. Pero con este paso, además de intensificar en el conflicto actual los enfrentamientos armados, se están sentando las bases para alzamientos futuros.

Debo repetir que la guerrilla campesina e indígena crece bajo el silencio cómplice de una región entera. Un puñado de hombres armados no podría sobrevivir sin el apoyo de esta red familiar de las zonas indígenas. Los núcleos armados o con preparación militar no son sino la punta de un iceberg. Los extensos y complejos lazos familiares penetran poblados y rancherías con un sistema de comunicación que al Ejército le es imposible descifrar o anticipar sin recurrir al arrasamiento indiscriminado. Este soporte indígena y campesino del guerrillero es el circuito que los ejércitos se proponen desactivar. Y es el rasgo que la oficialidad política en turno se niega a aceptar, pues la más cruenta de las respuestas militares se ha dado al sofocar estas guerrillas campesinas o indígenas. La barbarie, el asalto a poblaciones enteras, el arrasamiento de territorios, de rancherías o de pequeñas comunidades, millares de familias desplazadas, ha sido la respuesta ominosa que los ejércitos y los gobiernos han dado a estas insurrecciones.

A la labor de masas o al convencimiento de comarcas enteras que apoyan la insurrección guerrillera, la respuesta militar opone el arrasamiento de pueblos, el cerco asfixiante para el traslado de víveres, medicinas y personas, y la violación indiscriminada de derechos humanos. Es la secuela que tras los guerrilleros han dejado los ejércitos de todo el mundo. Detrás del núcleo guerrillero hay millares de ancianos, de niños, de hombres y mujeres silenciosamente cómplices o activamente proveedores de información, alimento, rutas, ropa, armas, medicinas, correspondencia. La guerra tiene que ir contra ellos.

V

Pero, ¿quiénes son ellos?

¿Qué razones podrían tener para simpatizar con el EZLN? Sobre todo, ¿qué significa que sean indígenas?

He explicado en varios momentos que no estamos preparados para saber qué no es indígena o qué sigue siendo indígena. La cultura es un entramado complejo que va abarcando alimentación, parentesco, valores morales, formas de ver el mundo.

Los que no somos indios hemos hablado siempre de los indios, hemos tratado de decir qué son, qué no son, cómo son, qué piensan, qué no piensan. No sabemos todavía en qué medida México es indígena, en qué medida la espiritualidad indígena ha estado ganando terreno con el paso del tiempo en lugar de estarlo perdiendo.

Para los indios la tierra no es algo inerte, sino un ser vivo, y el hombre, o mejor, los pueblos indios, están al servicio del mundo. La tierra, los manantiales, los ríos, las lluvias, las siembras y las cosechas representan procesos de entidades vivientes en el mundo visible e invisible que las comunidades tienen que recorrer día con día. Cada una de las etapas del proceso agrícola, cada una de las señales que la tierra, los insectos, las condiciones atmosféricas o la lluvia significan para la vida fecunda del campo, abren una oportunidad de comprender la vida de las cosas de manera deslumbrante y al mismo tiempo secreta. Su relación con el mundo es una relación entre seres vivientes. De aquí que la comprensión que los pueblos indígenas de México tienen de sus compromisos con la tierra sea sustancialmente distinta a la nuestra.

Para el Occidente es obvia la calendarización de la historia: creemos que lo que ha ocurrido una vez ocurrió sólo en ese momento y que nada tiene que ver con el momento siguiente. Para la cultura indígena el tiempo tiene otra naturaleza, otra rapidez (u otra lentitud quizás), y es uno de los secretos de la resistencia cultural y de la capacidad combativa de esos pueblos. Para ellos el pasado se encuentra en otra dimensión que sigue coexistiendo con el presente. La memoria indígena es un proceso de revitalización del pasado. Las festividades, las danzas, los rezos, la tradición oral, son la fuerza de una memoria que se comunica con esa otra dimensión en que las cosas siguen vivas. Por ello, cuando hablan de Emiliano Zapata, o de héroes de la remota Conquista, de la Independencia o del siglo XIX, están hablando de una fuerza que se mantiene viva. En esa otra dimensión del mundo el tiempo no transcurre, o es simultáneo, y por ello el pasado convive con lo que estamos viviendo ahora. Así sucede con la memoria de sus luchas agrarias.

En el proceso electoral de Chiapas en el año de 1936 resultó gobernador electo el candidato cardenista Efraín Gutiérrez, pero el gobernador en funciones en ese momento, antiagrarista y de filiación callista, el general Grajales, se rehusó a entregarle el poder. El Senado de la república depuso de inmediato al gobernador rebelde. Así empezó el agrarismo en Chiapas. En el Soconusco y la sierra sur se repartieron fincas y se crearon ejidos. En el norte, entre los choles, se expropiaron fincas de norteamericanos y alemanes, como la de El Triunfo; el dirigente chol más recordado y ya elevado a la categoría de leyenda fue Manuel Guzmán, apodado Manuel Sol. En Los Altos, donde los tzotziles empezaron a recuperar sus tierras, el organizador fue don Erasto Urbina.

En una obra teatral de los escritores tzotziles y tzeltales de Sna Jtz’ibajom (La Casa del Escritor) de San Cristóbal de las Casas, Batik ta Pinka (¡Vámonos a la finca El Paraíso!), don Erasto Urbina es el personaje central para descubrir y oponerse a las condiciones de esclavitud a que eran sometidos los trabajadores indígenas en las fincas cafetaleras. Otra obra de estos mismos autores, también escrita en tzotzil, Skotol ta skotol (De todos para todos), se refiere a los levantamientos armados indígenas de Chiapas, particularmente en homenaje al del 1 de enero de 1994; en ella interviene, hacia el final, un personaje mítico, que en otros relatos de tradición oral se enfrenta en combate contra los ejércitos del gobierno: Juan López, héroe o rey indio entre los tzeltales. Otras obras colectivas, como Svokol chonetik lo’il ta batz’i k’op (El sufrimiento de los animales) y Yorail Mayaetik (Tiempo de los mayas) se refieren al proceso irregular de colonización de la selva lacandona.

Tal proceso de colonización puede verse desde diferentes perspectivas. Una de ellas, importante para nuestro tema, es el agrario. Retomaré aquí, de uno de los libros que he publicado sobre el tema, algunos datos relevantes, en particular la superposición de decretos presidenciales que afectaron territorios de la selva lacandona desde el año de 1966 hasta la fecha. La construcción de hidroeléctricas, el empobrecimiento de la tierra, el crecimiento demográfico, la posibilidad legal de solicitar dotaciones de tierra para fundar ejidos, la explotación del petróleo e incluso la erupción de volcanes motivaron el desplazamiento de choles, tzeltales, tzotziles y tojolabales hacia las zonas de las Cañadas. Las migraciones iniciadas desde la década de los cuarenta y cincuenta fueron tratadas durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz con un ánimo consecuente: mediante un decreto presidencial se dotaría legalmente de tierras a familias que se asentaban en la selva en zonas de colonización.

El siguiente presidente frenó ese decreto en marzo de 1972 con otro, conocido como Decreto de la Comunidad Lacandona, mediante el cual reintegraba 614 mil 321 hectáreas a 66 familias de lacandones, es decir, casi media selva. Este nuevo decreto afectó aproximadamente a casi cuarenta comunidades de choles, tojolabales, tzeltales, tzotziles y zoques que estaban asentados ya en la selva y que tenían años tramitando la formalización o la ampliación de sus dotaciones de tierra. El presidente Díaz Ordaz había decretado que se les diera posesión legal de las tierras; el nuevo decreto cancelaba el derecho de esas comunidades a poseerlas y aparentemente las devolvía a los lacandones.

El cambio fue beneficioso para ciertos empresarios que contrataron con los "verdaderos" dueños de la selva el derecho a explotar los recursos maderables de caobas y cedros durante diez años a razón de 35 mil metros cúbicos de madera al año, sin estipular precio fijo. La Compañía Forestal Lacandona, S.A., apoyada por Nacional Financiera, se dedicó a expulsar de la propiedad de los lacandones a todas las comunidades asentadas en esos territorios. Esta expulsión o "reubicación" de familias que habían sido ya expulsadas años atrás por las presas o el hambre fue el inicio de un complejo proceso político que transformó la vida de las Cañadas a costa de despojos, explotaciones y enfrentamientos de comunidades que con el tiempo serían la base social fundamental del EZLN. En 1979, un nuevo presidente decretó la Reserva Integral de la Biósfera de Montes Azules, afectando otra vez territorios de las Cañadas y de la Comunidad Lacandona, lo que provocó una nueva necesidad de reubicar poblaciones enteras. Los gobernadores que se sucedieron en Chiapas no pudieron o no quisieron resolver a fondo los conflictos originados por la superposición de decretos presidenciales contradictorios, sobre todo porque estos conflictos se intensificaron por el crecimiento demográfico de las comunidades que solicitaban ampliaciones o nuevas dotaciones y porque los gober-nadores del estado mostraron preferencia por los grandes propietarios y ganaderos en detrimento de las comunidades indígenas.

Para controlar y detener el impulso de estas comunidades emplearon recursos variados, principalmente el de provocar la división entre las propias comunidades indígenas mediante tres procedimientos esenciales: apoyando la formación o el fortalecimiento de agrupaciones cercanas a organismos gubernamentales, permitiendo la consolidación de guardias privadas en las fincas y estancias ganaderas y, finalmente, presentando a las organizaciones independientes como invasoras o mediatizadoras de los derechos agrarios de otras comunidades. Particularmente represivo y conflictivo fue el periodo que corrió de finales de los setenta a finales de los años ochenta. Por ello quizá fue el periodo en que las comunidades de las Cañadas y de los Altos aprendieron a pensar, actuar y organizarse de una manera nueva con los cuadros religiosos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, con los miles de catequistas que reflexionaban también de manera distinta sobre su propia condición indígena y con las brigadas que intentaron actuar entre los nuevos colonos de la selva primero como Unión del Pueblo, después como Línea Proletaria y luego como EZLN.

El escalonamiento de los decretos presidenciales culminó en 1992, ya no con otro decreto, sino ahora con la reforma al artículo 27 constitucional, que aseguró la propiedad privada agraria eliminando las secciones del artículo que permitía a las comunidades solicitar el reparto de tierras y autorizando, además, que las tierras ejidales pudieran legalmente comprarse, venderse o usarse como garantía de créditos, a fin de que las empresas privadas, con nuevas asociaciones entre capitalistas y propietarios, pudieran comprar tierras ejidales de acuerdo con nuevos límites legales, dando como resultado que una empresa con treinta accionistas pudiera incrementar treinta veces su propiedad a partir del límite individual. Es decir, se sentaron las bases para legalizar los latifundios familiares o corporativos que ochenta años atrás la Revolución Mexicana se había propuesto combatir (aunque, ciertamente, no en Chiapas).

La falta de solución a las viejas y numerosas peticiones de tierra, que en México denominábamos rezago agrario, afectaba a las comunidades indígenas de Chiapas de distintas maneras. Primero, porque se trataba del estado con mayor rezago; segundo, porque la carencia de títulos definitivos de propiedad aumentaba la posibilidad de desalojo por parte de terratenientes o de asociaciones campesinas oficialistas; tercero, porque impedía otorgamientos de crédito. En un estudio de Maria Eugenia Reyes Ramos, El reparto de tierras y la política agraria en Chiapas, se comprueba que los mecanismos oficiales frenaron siempre las aspiraciones agrarias de las comunidades de la selva. Por ejemplo, 79 comunidades tuvieron que esperar más de 20 años para que se les entregara la tierra solicitada. Otras 66 tuvieron que esperar entre 20 y 39 años la respuesta a sus demandas de tierra en las modalidades de dotación y de ampliación. La comunidad El Paraíso, en Margaritas, tuvo que esperar 40 años; El Nopal, en Ixtapa, 42 años; Tamaulipas, ahora Joaquín Amaro, en Pijijiapan, 43 años; Las Delicias, en Trinitaria, 45 años; la comunidad de Santa Rosa, hoy Morelos, en Tonalá, 46 años, y El Letrero, en Siltepec, 53 años.

Esto contrasta con la celeridad de los trámites resueltos a favor de terratenientes. Por ejemplo, durante el gobierno del general Absalón Castellanos Domínguez se otorgaron en Chiapas 7 mil 646 certificados de inafectabilidad que ampararon un millón 142 mil 881 hectáreas predominantemente ganaderas. Contrastes así aclaran que uno era el gobierno para finqueros y otro para las comunidades indígenas, muestran la violencia social que no se toma en cuenta cuando aparece la violencia armada en las comunidades. Descalificamos los movimientos armados campesinos reduciendo sus causas e identificándolas con individuos que una vez aniquilados darían como consecuencia lógica la extinción del movimiento. Cuando descubrimos que la insurrección era resultado de la confluencia de una misma actitud en comunidades enteras, entre poblados enteros, casi siempre es demasiado tarde.

En algún momento de noviembre y diciembre de 1996, el gobierno mexicano tomó decisiones firmes en cuatro sentidos: no reconocer los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, no reanudar el diálogo de paz, continuar y extremar el cerco militar en las Cañadas y no frenar el surgimiento de grupos paramilitares en diversas zonas del norte y de los Altos de Chiapas. En estas decisiones fueron seguramente determinantes ciertos enfoques políticos y militares que desde los meses finales de 1994 habrían madurado y desarrollado las premisas que ya eran visibles en las primeras exposiciones del general Miguel Ángel Godínez. La decisión esencial del gobierno mexicano fue, pues, militar.

El primer y más evidente objetivo tenía que ser el de reducir la naturaleza política y social del EZLN a solamente su capacidad de fuego. El cerco militar en las Cañadas era el recurso efectivo para neutralizarlo; en términos militares, el EZLN se convertía en un enemigo vencido; no había razones para negociar con él. En términos regionales, los grupos paramilitares bloquearían el desarrollo y la movilización de las bases sociales zapatistas en el norte y en los Altos de Chiapas. Ambos recursos eran suficientes, los únicos, para asegurar el desgaste militar y social del EZLN. Su desgaste militar se conseguiría con el Ejército; el social con los grupos paramilitares y las luchas intercomunitarias. Restaba tan sólo planear el desgaste político del EZLN. Esto requería de otros elementos coyunturales. Pero el desgaste social mediante los grupos paramilitares (o grupos de autodefensa, según los llama técnicamente el Ejército o se autodenominan organizaciones como Paz y Justicia) es lento, desgarrador y de efectos devastadores. Puede abrir heridas más severas y prolongarse más tiempo. La masacre de Acteal es solamente un ejemplo extremo y público. El desgarramiento social es diario e incesante. Ahora, con la desaparición de la Conai, con la expulsión masiva de observadores nacionales e internacionales, además del cerco militar en las Cañadas hay un cerco nuevo: la privacidad para el socavamiento de comunidades zapatistas mediante grupos paramilitares.

Durante varios años las autoridades mexicanas expresaron reiteradamente en foros nacionales e internacionales que el conflicto provocado por la aparición del EZLN se reducía a cuatro municipios de Chiapas. Ahora sabemos que la estrategia militar para sofocar al EZLN y a sus bases sociales extendió la violencia armada a veintisiete municipios a través de por lo menos nueve grupos paramilitares y que el Ejército mismo amplió su radio de acción a 66 de los 111 municipios que componen el estado. Uno entre varios documentos, Chiapas, la guerra en curso, que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. publicó el mes de febrero de 1998, ubicó en cuadros descriptivos cada una de las fuerzas paramilitares, los municipios, comunidades y poblados donde actúan, las armas con que cuentan, los nombres de algunos de sus integrantes y dirigentes, los nombres de las instituciones gubernamentales o de las personalidades políticas que los apoyan y, por supuesto, varias de las acciones criminales cometidas.

Estas organizaciones paramilitares se extiendan por muchas regiones de Chiapas. Por ejemplo, el Tomás Munzer en la zona de la selva (Oxchuc, Ocosingo y Altamirano), el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista en las Cañadas y norte de la selva (Las Margaritas, Oxchuc, Huixtan, Altamirano, Ocosingo, Sitalá, San Juan Cancuc), Paz y Justicia y Los Chinchulines en el norte de la selva (Tila, Sabanilla, Tumbalá, Salto de Agua, Palenque, Yajalón, Chilón, Ocosingo, Venustiano Carranza), Alianza San Bartolomé de los Llanos y Fuerzas Armadas del Pueblo en los valles centrales (Venustiano Carranza) y Máscara Roja en Los Altos (Chenalhó, Larráinzar, Chamula, Pantelhó) y más recientemente Los Puñales, en Amatenango del Valle y Comitán. Por otra parte, el documento describe y enlista más de doscientos operativos del Ejército mexicano efectuados en numerosos municipios de Chiapas entre el 22 de diciembre de 1997 y el 2 de febrero de 1998. Ninguno de ellos se propuso frenar, desarticular o desarmar a los grupos paramilitares. El curso de la guerra está, pues, al descubierto.

La guerra es un proceso con muchos recursos y facetas. La planeación, organización, sostenimiento y desarrollo de la guerra no son asuntos simples, sino de imaginación, oportunidad, decisión, inteligencia. La guerra no siempre tiene el rostro descubierto. Inventa discursos, imagina causas y explicaciones, cambia los nombres de las cosas. La guerra no siempre aparece diciendo que su nombre es ése.

La guerra dice que ella no mata ni amenaza ni quema ni destruye; son los otros, son los pueblos mismos quienes se enfrentan y combaten entre sí. Conforme la violencia crece en regiones elegidas, ella argumenta que esa violencia la generan las propias comunidades y justifica su intervención como fuerza de pacificación entre todas las partes. Queda al margen de los pueblos mismos. Se presenta como el único factor que puede resolver esas luchas intercomunitarias. Pero incluso durante el despliegue de sus facetas económicas y de progreso, la guerra necesita de privacidad. Quiere a solas inventar cómo ocurren las cosas, insiste en que la versión de la realidad que ella socava provenga sólo de ella misma. Nadie más debe acercarse a mirar. La privacidad es importante. Puede así disponerse a aniquilar a solas al último núcleo, al enemigo. Puede y exige prescindir de cualquier mediación. Puede exigir un diálogo directo con el enemigo acorralado. Pero el costo social de devastar a incontables comunidades indígenas que simpatizan con el EZLN es aterrador y desmesurado. Habrá que atacar después al segundo grupo que describió el general Miguel Ángel Godínez, un grupo con insuficiente instrucción militar y mal armado. Habrá luego que aniquilar al núcleo principal y bien armado.

¿Es justo el costo de vidas humanas y culturas y millares de familias desplazadas en uno de los estados con mayor desnutrición indígena en México para aniquilar militarmente a un grupo armado? No, no es posible aceptarlo ni matizarlo. Se está alentando una violencia incontrolable actual y apuntalando las bases de una violencia guerrillera mayor a largo plazo.

Más de cincuenta mil efectivos militares en Chiapas durante cuatro años no podían permanecer quietos como las aguas de un estanque. Su presencia obligó a decidir una estrategia militar clara en acciones. Avanza la guerra diciendo que es pacificación. Va ganando un terreno que no es simple ni fácil. Es el momento de que todos sepamos que se trata de una guerra. Propongo que esto lo sepamos todos más allá de la cúpula del poder que la decide y permite. Es el momento de comprender que tenemos que frenar la guerra. No de creer que el diálogo se ha interrumpido, no, sino de entender que debemos frenar la guerra.

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*Este ensayo forma parte del libro La guerrilla recurrente que publicará proximamente la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en la Serie Alebrijes de sus Cuadernos Universitarios.

Carlos Montemayor, "La guerrilla en México hoy", Fractal n°11, octubre-diciembre, 1998, año 3, volumen III, pp. 11-44.